El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, se reunió esta mañana con el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez Álvarez, para abordar asuntos de interés común, relacionados con la mejora de la gestión pública, el control externo y la fiscalización en Asturias. Es el primer encuentro entre ambos responsables tras la constitución del nuevo Gobierno autonómico.
Fernández Llera le trasladó algunas de las recomendaciones y conclusiones que incluyen los informes que ha realizado la Sindicatura de Cuentas, sobre todo de los referidos a la cuenta general. Entre ellas está la necesidad de que, por parte de la Administración del Principado de Asturias, se aborde “con urgencia una reforma y actualización de su marco normativo en materia económica, financiera y presupuestaria”, es decir, una nueva ley de Hacienda. “Esta recomendación lleva reiterándose de manera sistemática desde el primer informe aprobado por la Sindicatura de Cuentas, referido a la cuenta general de 2005, sin que hasta el momento haya sido llevada a término. En cambio, sí ha sido aprobado -y está plenamente en vigor- el nuevo Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias”, explicó el síndico mayor.
Contabilidad
Fernández Llera comentó al consejero de Hacienda y Fondos Europeos que sería aconsejable que la Administración del Principado de Asturias y los organismos autónomos dispongan de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada. “Su ausencia o sus carencias impiden la fiscalización operativa de objetivos de eficacia, eficiencia y economía, así como el exacto cómputo de las desviaciones de financiación, entre otras cuestiones prácticas”, abundó. Otra cuestión de la que también hablaron fue de que sería recomendable que se evaluaran los medios asignados a la Intervención General del Principado de Asturias para determinar si dispone de los recursos adecuados y suficientes para poder cumplir con las obligaciones que la normativa le tiene asignados en las diferentes modalidades de control interno.
Subvenciones
El síndico mayor planteó además una revisión del régimen jurídico de las subvenciones en el Principado de Asturias para su actualización y adaptación al vigente marco jurídico general y sus principios. Entre otras muchas cuestiones, ese nuevo marco jurídico autonómico debería regular la concesión de subvenciones a las entidades locales, así como la percepción de las transferencias del Fondo de Cooperación Municipal, condicionando ambas al cumplimiento del deber de rendición de las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas.
El órgano de control externo ha recomendado en varias ocasiones que, dentro del proceso normal de racionalización, la administración debería iniciar o culminar, según el caso, el proceso de extinción de consorcios, organismos autónomos, sociedades mercantiles o fundaciones que carezcan de actividad o hayan perdido su razón de ser. La Administración del Principado de Asturias, según sus competencias y sin perjuicio de la autonomía local, debería contribuir a que se inicie o culmine el proceso de extinción de unidades que carecen de actividad, no la hayan tenido nunca o hayan demostrado un deficiente historial de rendición de cuentas, con singular foco en las mancomunidades.
“La Administración del Principado de Asturias también debe velar por seguir mejorando la asistencia a los pequeños concejos, en particular, la asistencia técnica, jurídica, económica y presupuestaria, especialmente a las de menor capacidad económica y de gestión, garantizando, en todo caso, en los municipios de menos de 1.000 habitantes, la prestación de los servicios de Secretaría e Intervención”, apuntó el síndico mayor.
