El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, compareció esta mañana en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de la Junta General del Principado de Asturias para explicar el informe de fiscalización sobre las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, la Universidad de Oviedo y las cámaras de comercio, ejercicio 2023. Trató de sintetizar en su intervención inicial el ámbito subjetivo y temporal, los objetivos y resultados, y las recomendaciones.
El ámbito subjetivo está integrado por 38 unidades del sector público autonómico, de las cuales 21 son empresas públicas y 12 fundaciones. Se añaden la Universidad de Oviedo, sus dos fundaciones y las cámaras de Oviedo, Gijón y Avilés. En total, 44 unidades a 31 de diciembre de 2023, dos menos que un año antes, «en un contador que lleva varios años bajando y que deberá seguir haciéndolo, al menos, por la pendiente extinción definitiva de la empresa pública Desarrollo Integral de Taramundi (Ditasa)».
Los objetivos generales fueron comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones y ofrecer una visión global de la situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2023. Para ello, explicó Fernández Llera, se establecieron varios subobjetivos de rendición de cuentas, control, publicidad activa, remisión de información sobre convenios y, con la información recibida, conclusiones generales y sucintas sobre el nivel de equilibrio económico-financiero y presupuestario de las entidades fiscalizadas, incluyendo factores de riesgo o incertidumbre.
Objetivos específicos
Esos objetivos recurrentes se completaron con sendos objetivos específicos para la Universidad de Oviedo sobre el nuevo modelo de financiación y la implantación de la contabilidad analítica. En las cámaras de comercio se analizaron sus principales fuentes de financiación. De igual modo, se hizo un seguimiento de las recomendaciones de anteriores informes, con el fin de conocer el avance en su aplicación. En ese sentido, el síndico mayor valoró el alto grado de conformidad constatado durante la fiscalización: dos de cada tres recomendaciones anteriores han sido aplicadas parcialmente por sus destinatarios y, el tercio restante, no ha sido aplicado todavía, pero sí se ha tomado en consideración. «Ponemos en valor este dato y reiteramos la aplicación o la agilización -según el caso- de aquellas pendientes de culminar», abundó Fernández Llera.
Conclusiones
Debido a la profusión del informe, el síndico mayor, en su intervención inicial, citó solo algunas de las conclusiones de carácter más transversal:
Con relación a las unidades que no forma parte de la cuenta general:
- Grado de rendición de cuentas: Rindió el 97%. No cumplió Desarrollo Integral de Taramundi, SA, que se encuentran en fase de liquidación. 6 empresas públicas y 3 fundaciones rindieron fuera de plazo.
- En materia de convenios, el 92% remitió dicha relación anual, 2 de ellas fuera de plazo.
- En materia de control interno, «la Intervención General del Principado de Asturias no llevó a cabo las auditorías de cumplimiento en materia de contratación pública planificadas para el ejercicio 2023».
- Sobre auditorías externas, «constatamos que todas las unidades con obligación de someter sus cuentas anuales a auditorías financieras (20) han dado cumplimiento». A esta cifra hay que añadir 7 unidades que, sin obligación, han sometido sus cuentas a auditoría de forma voluntaria. «Los 27 informes contienen opinión favorable sin salvedades, si bien 8 incluyen párrafos de énfasis, que en cinco casos (Gispasa, RTPA, Sedes, Zalia y Fundación La Laboral) refieren a incertidumbres en la aplicación del principio de empresa en funcionamiento», añadió.
- Sobre el análisis económico-financiero agregado:
- El endeudamiento continúa con la tendencia a la baja iniciada en 2019 (-26% con respecto a 2022). En 2023 no se han formalizado nuevas operaciones de crédito con entidades financieras, aunque sí una operación de préstamo participativo entre la empresa pública Zalia y la Administración del Principado de Asturias (1,7 millones de euros).
- El fondo de maniobra agregado asciende a casi 207 millones de euros y se incrementó un 43% desde el ejercicio precedente. «No obstante, diversas incidencias implicarían ajustes en esta magnitud hasta llevarla a 17 millones de euros negativos».
- El resultado agregado sufrió un empeoramiento sustancial respecto a 2022, sobre todo por los resultados negativos en 5 empresas públicas (Gispasa, RTPA, Sedes, Sogepsa y Zalia; estas dos últimas en proceso de reestructuración). En cambio, otras 6 empresas públicas obtuvieron beneficios (3 de las cuales -Itvasa, Gitpa y Serpa- y los distribuyeron como dividendos a su accionista único, la Administración del Principado de Asturias). En el caso de fundaciones y entes y entidades sujetas a contabilidad pública se obtuvieron beneficios conjuntos.
- El volumen de transferencias y subvenciones consignadas nominativamente en los capítulos 4 y 7 de los presupuestos al sector público autonómico asciende a 133,2 millones de euros, un 1,48% más que en el ejercicio anterior. «Aquí quiero destacar que la regulación de las transferencias concedidas por la administración autonómica a las unidades del sector público con contabilidad privada se limita a una sucinta regulación legislativa que, además en los dos últimos ejercicios han sido modificados por la ley general de presupuestos autonómica, en lo que a liquidación y reintegro se refiere. Este hecho induce cierta inseguridad jurídica al gestor sobre el procedimiento de liquidación de los fondos recibidos así como su tratamiento contable. Apuntamos, no obstante, como acontecimiento posterior la modificación del TREPPA mediante la LGPA 2025, estableciendo ahora que “En el supuesto de que exista un exceso de transferencia percibida, la entidad beneficiaria deberá reintegrar el importe que corresponda. En otro caso, se minorarán las transferencias para financiar los presupuestos de explotación concedidas en el ejercicio en que se conozca la liquidación.”
En lo que respecta a la Universidad de Oviedo, las principales conclusiones son las siguientes:
- La Universidad de Oviedo cumple con todas sus obligaciones de rendición, publicidad activa y remisión de información en materia de convenios. También cumple la Fundación Universidad de Oviedo, pero no la Fundación Observatorio Económico del Deporte que, de forma reiterada, no rinde sus cuentas a este órgano de control.
- El control interno desarrollado por la Intervención de la Universidad de Oviedo en 2023 consistió en la fiscalización previa de los gastos, además de diversas actuaciones contempladas en su plan de control interno. Como acontecimiento posterior, señalamos que, en diciembre de 2024, la Universidad de Oviedo aprobó un nuevo régimen de control interno que prevé aplicar una fiscalización limitada.
- La Universidad de Oviedo ha culminado el procedimiento de implantación de la contabilidad analítica.
Con respecto a las Cámaras de Comercio, «las tres rindieron sus cuentas en tiempo y forma, y elaboraron y sometieron sus presupuestos a la aprobación de la administración tutelante (APA)». Los ingresos presupuestarios han experimentado un incremento total del 93% en el periodo 2020-2023, correspondiendo un 16% solo al ejercicio 2023. Las subvenciones son el concepto cuantitativamente más relevante dentro de su sistema de financiación, con un peso del 46% sobre el total de ingresos.
Recomendaciones
La Sindicatura de Cuentas formula cuatro recomendaciones:
- Sería recomendable agilizar el establecimiento de un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes de la administración autonómica, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación, así como su sostenibilidad financiera.
- Sería recomendable que la Intervención General del Principado de Asturias estableciese un procedimiento claro y detallado del proceso de liquidación y reintegro del exceso de transferencias corrientes que son concedidas anualmente a los entes públicos con contabilidad privada, a las empresas y las fundaciones públicas para financiar sus presupuestos.
- Para la Universidad de Oviedo, sería recomendable la revisión y, en su caso, reconsideración de determinadas cuestiones incluidas en el actual modelo de financiación de la Universidad en aras a establecer la financiación mínima fija que garantice los recursos necesarios para una enseñanza de calidad, y a posibilitar la consecución de financiación adicional, pero ligada exclusivamente a la obtención de resultado.
- Sería recomendable que las cámaras de comercio homogeneizasen los criterios para mostrar la información económica referida a las principales líneas de ingresos y así posibilitar la comparación de la información entre ellas.
