Las entidades locales asturianas (78 ayuntamientos, 15 mancomunidades y 39 parroquias rurales) tienen de plazo hasta el próximo 16 de octubre para rendir la cuenta general del ejercicio 2022 ante la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, como determina la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales ya tiene abierto el trámite para la presentación de toda la documentación. Tienen que remitir la cuenta general del año anterior una vez que los respectivos plenos se hayan pronunciado, aprobándola o rechazándola. En el pasado ejercicio, el 78% de las entidades locales asturianas rindió en plazo las cuentas de 2021.
La cuenta general estará integrada por la cuenta de la entidad principal, las de sus organismos autónomos dependientes, las de los consorcios adscritos, las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local y las del resto de unidades dependientes incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.
La rendición de 2022 incorpora novedades. Así, los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las entidades locales que agrupen varios municipios están obligadas a formar y rendir cuentas anuales consolidadas de los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2022.
Obligación legal
La rendición de cuentas es una obligación legal que tienen todas las entidades y que, además, debe ser completada con el cumplimiento del deber de colaboración con la Sindicatura de Cuentas ante cualquier petición de documentación. La Sindicatura de Cuentas está facultada para imponer multas coercitivas a los entes públicos que incumplen ese deber de colaboración o cuando puedan obstruir la función fiscalizadora.
Ante la próxima constitución de la Junta General del Principado de Asturias y del próximo gobierno autonómico, la Sindicatura de Cuentas vuelve a recomendar una revisión del régimen jurídico de las subvenciones autonómicas para su actualización y adaptación al vigente marco jurídico general y sus principios. Entre otras muchas cuestiones, ese nuevo marco jurídico autonómico debería regular la concesión de subvenciones a las entidades locales, así como la percepción de las transferencias del Fondo de Cooperación Municipal, condicionando ambas al cumplimiento del deber de rendición de las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas.
