La Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo (OCEX) en el ámbito autonómico propone efectuar una fiscalización conjunta de la promoción y gestión de la vivienda protegida en las comunidades autónomas, ejercicios 2022 y 2023, por considerarse un área de especial relevancia social.
Al encuentro, celebrado ayer de forma telemática, asistió, en representación de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, el síndico Eduardo Rodríguez Enríquez. Estuvo presidido por el consejero del Departamento Quinto de Comunidades y Ciudades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, y contó también con la asistencia de miembros de todos los órganos de fiscalización autonómica.
Además, durante la reunión se analizó la marcha de la fiscalización conjunta sobre la digitalización del sistema educativo que se lleva a cabo en estos momentos entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX y se puso en común la previsión de fiscalizaciones que se incluirán en los respectivos programas de actuación para el ejercicio 2024 en el ámbito autonómico.
